Explicábamos en nuestro post de 29 de enero que el Tribunal Supremo había dictado una sentencia en relación con la salida a Bolsa de Bankia que calificábamos como de “duro golpe”.
Los acontecimientos se han precipitado, y Bankia ha doblado la rodilla: devuelve el dinero invertido por los minoristas en la fraudulenta salida a Bolsa.
Atrás quedan años y cientos de sentencias en las que los abogados de Bankia se defendían, una y otra vez, la mayoría de ellas sin éxito, con los mismos argumentos.
Alegaban, inicialmente, que la población en general conocía la naturaleza de las acciones, por lo que no se podían considerar un producto complejo ni estaba la entidad Bancaria obligada a cumplir con los deberes específicos de información al inversor.
Después comenzaron a oponer la llamada “prejudicialidad penal” por la que pretendían que quedasen en suspenso los juicios hasta que se resolviese el “caso Rato”, procedimiento penal del que está conociendo la Audiencia Nacional.
También alegaban la solvencia de Bankia en el momento de la salida a Bolsa, y que el empeoramiento de su situación financiera sobrevino posteriormente, por el devenir del mercado, y sin responsabilidad de Bankia, por lo que no había engaño.
Las Audiencias tumbaban una y otra vez estas argumentaciones y finalmente el Tribunal Supremo se pronunció.
Tras este proceso, y tras verse totalmente perdida, como antes comentábamos, el 18 de febrero Bankia ha publicado un comunicado en el que anuncia proceso que inicia “para devolver toda la inversión a los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa, al que se pueden adherir los inversores minoristas, aunque estén inmersos en cualquier iniciativa, judicial o extrajudicial, de reclamación a la entidad”. Una vez restituida la inversión si el accionista había interpuesto demanda firmará un acuerdo por el que desiste del proceso. Bankia dice tener la total certidumbre de que los pequeños inversores que acudieron a la OPS, recuperarán el 100% de la inversión más los intereses compensatorios y de que ahorrarán tiempo en la obtención de la restitución y reducirán costes para conseguirla, además de evitar las dilaciones del proceso judicial. Dilaciones que, en un lapsus, olvidan aclarar, que las generan ellos, recurriendo sin cesar cuando ya saben que el pleito está perdido, además de colapsar de paso, los órganos judiciales.
El plazo de adhesión a este proceso se inició el 18 de febrero, y se extenderá por tres meses, plazo que la entidad considera suficiente para gestionar todos los casos.
La propuesta parece tentadora, y puede ser interesante en la mayoría de los casos. Pero tiene sus aristas. La cosa no es tan clara.
Por ejemplo, no se incluye en el programa a los inversores que adquirieron las acciones después de la OPV; éstos deberán seguir en la vía judicial.
Y en todo caso, Bankia no abonará los costos judiciales en los que han incurrido los minoristas, por lo que si se acepta la propuesta, dichos gastos del proceso deberán ser abonados por cada inversor, en lugar de sufragarlos la entidad.
Además, sólo ofrece unos intereses del 1 %, cuando en los procesos judiciales están abonando voluntariamente los intereses legales, que son superiores.
En definitiva, la propuesta no es meramente bienintencionada. Al ver el asunto definitivamente perdido, Bankia quiere al menos ahorrarse un buen montante en costas judiciales e intereses.
Por tanto, cada inversor debe estudiar su caso concreto con su abogado, para tomar una decisión, la cual podría ser perfectamente seguir pleiteando y confiar en los órganos judiciales.
